Un nuevo estallido social en contra de las políticas antipopulares de la burguesía se ha producido, esta vez en Colombia.
Millones de trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres, desempleados, artistas, jubilados, vecinos de los barrios han paralizado el país con una combativa protesta que inició el pasado 28 de abril, y aún continúa a pesar de las decenas de luchadores y luchadoras asesinados por las fuerzas del orden, los cientos de heridos, torturados, golpeados, e inclusive agredidos sexualmente. El Ejército y la Policía han respondido con su habitual política guerrerista, para enfrentar a quienes consideran como el enemigo interno.
La contundencia de la protesta, que inclusive ha rebasado las previsiones de las organizaciones convocantes del Paro del 28A, obligó al derechista gobierno de Iván Duque a retirar la propuesta de ley de reforma fiscal que, de manera cínica, la puso por nombre de «Solidaridad Sostenible». Con esta se pretendía incrementar y elevar impuestos sobre los salarios y el consumo, que afectan principalmente a los sectores populares y medios de la población, al tiempo que el Gobierno ha tomado medidas para rebajar los impuestos sobre la renta de las grandes empresas.
La reforma fiscal no pasó, la movilización popular forzó la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla —cerebro gris del proyecto— y Duque ha convocado a un «diálogo nacional» para superar la crisis, pero la lucha sigue. El pueblo colombiano no da tregua, está desafiando a un Estado autoritario, abiertamente represivo, en el que es público que los jefes militares, policiales y de todo el aparato de seguridad comulgan ideas fascistas, trabajan bajo el tutelaje de los aparatos de inteligencia estadounidense, son promotores de los grupos paramilitares y tienen nexos con el narcotráfico. Esta lucha es un claro ejemplo de que, cuando las mayorías populares se unen y combaten, hacen retroceder al más fiero enemigo.
La masividad, amplitud y combatividad de la protesta expresan el grado de insatisfacción y frustración existente en el pueblo por sus condiciones de vida: cerca de un 10% de desempleo abierto, un 50% de personas que trabajan en la informalidad; uno de los países con la más alta tasa de desplazados internos por pobreza, violencia e inseguridad generada por el Estado; una población duramente golpeada por la pandemia y un gobierno incapaz de articular un adecuado plan de vacunación; el país con el segundo presupuesto militar más alto en América Latina; un país en el que en el primer trimestre de este año hubo 23 masacres y durante el año 2020 se asesinaron a más de 250 campesinos, dirigentes poblacionales, sindicales, comunales. En noviembre de 2019, el pueblo colombiano dio ya una clarinada con una masiva y combativa protesta social; en general los reclamos, las movilizaciones de distintos sectores populares son constantes.
Expresamos nuestra solidaridad esta lucha y llamamos continuar levantando en los distintos países acciones de solidaridad con el pueblo y de condena al gobierno de Iván por la criminal represión desatada contra el pueblo. Nos unimos a la demanda de renuncia del presidente Iván Duque.
Denunciamos que los sectores más reaccionarios del Estado colombiano: Uribe, Duque, los jefes de las fuerzas militares y policiales miran a la protesta social y sus actores como acciones de guerra, como eventos que buscan «desestabilizar el poder y poner fin a la democracia», bajo esa lógica han respondido con saña y odio los reclamos del pueblo. Las fuerzas del orden están en estado de guerra contra el pueblo, lo cual lo repudiamos y llamamos condenarlo en todo el mundo.
Comité Coordinador
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista – Leninistas
CIPOML